Establezcamos como punto de partida de este análisis, que la seguridad propicia el desarrollo, y que la violencia es un instrumento que facilita la coerción de los individuos que mantienen relaciones de poder, y que ésta cuando se ejerce de manera generalizada por alguno de estos grupos puede, y de hecho sucede, vulnerar la seguridad de los otros, y menoscabar sus posibilidades de desarrollo.
En este escenario, los Estados se enfrentan a un conflicto recurrente: garantizar la seguridad sin menoscabar libertades.
En México, por ejemplo, la iniciativa presidencial de enviar el ejército a las calles, como garante del orden público, ha sido muy discutida: ¿qué tan necesario era emprender una “guerra contra el narcotráfico”? Coincido con lo dicho por Ferrajoli (en el marco de la conferencia que presentó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a principios de este año) “la guerra sólo puede darse entre pares”. Al reconocer a los Cárteles la capacidad de enfrentarse al gobierno federal, representante del Estado Mexicano, estamos reconociendo su fortaleza, y si además de todo, no se percibe la derrota contundente del enemigo, entonces la estrategia habrá fracasado, pues se debilita la imagen del representante oficial.
¿Cuál es entonces la alternativa, la pena de muerte para secuestradores y asesinos? La imposición de penas más severas, como lo esquematiza Michael Moore en “Masacre en Columbine”, no ha demostrado su plena eficacia. Entonces… ¡Legalicemos las drogas! En un país con tan bajo nivel educativo y cultural, con unas condiciones sociales tan precarias, y sin unas políticas públicas adecuadas e integrales en materia de salud… ¿Será la mejor opción?
Educación, crecimiento económico y políticas públicas incluyentes, podrían acercarnos más a establecer condiciones de seguridad. ¿Será posible?
La reflexión del día: ¿Estás dispuesto a ceder más libertades?
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